Golpe blando
LAWFARE, LA DEMOCRACIA CONDICIONADA
La Corte argentina confirmó la condena a Cristina Kirchner. Un capítulo más de una estrategia continental que busca neutralizar liderazgos progresistas y frenar proyectos populares.
Golpe blando
LAWFARE, LA DEMOCRACIA CONDICIONADA
La Corte argentina confirmó la condena a Cristina Kirchner. Un capítulo más de una estrategia continental que busca neutralizar liderazgos progresistas y frenar proyectos populares.
En América Latina, la interrupción o el condicionamiento directo de las democracias ya no requiere del uso exclusivo de mecanismos tradicionales de golpes de Estado ni del ejercicio de la violencia contra referentes políticos.
En los últimos años, asistimos a una nueva forma de intervención política: el lawfare, una guerra judicial diseñada para aniquilar a líderes populares sin disparar una sola bala. Esta estrategia articula a sectores del Poder Judicial con grandes medios de comunicación y grupos económicos para perseguir, inhabilitar o destruir políticamente a quienes representan proyectos transformadores.
El término lawfare proviene de la contracción de “law” (ley) y “warfare” (guerra), y fue popularizado por el general estadounidense Charles Dunlap a principios de los años 2000. En su artículo “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts”, Dunlap advertía que la ley podía usarse como “arma de guerra” para dañar a un adversario mejor posicionado militarmente. Inicialmente, el concepto describía cómo ciertos países empleaban tribunales internacionales o denuncias jurídicas como instrumentos de presión geopolítica.
Aunque surgió en el ámbito militar y de relaciones internacionales, la aplicación del lawfare en política interna, especialmente en América Latina, se consolidó durante la ofensiva judicial contra gobiernos progresistas en la década de 2010. En este contexto, el Poder Judicial se transformó en una herramienta para intervenir en la política doméstica, sin necesidad de golpes de Estado tradicionales.
El lawfare se apoya en tres pilares: la judicialización de la política, el rol protagónico de medios concentrados en la creación de climas de condena social, y la articulación con poderes transnacionales, como fondos de inversión o embajadas, que no toleran modelos que prioricen la soberanía económica, la distribución del ingreso o la integración regional.
A través de este dispositivo, líderes como Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa o Evo Morales, entre otros, fueron perseguidos judicialmente por causas muchas veces inconsistentes, plagadas de irregularidades y carentes de pruebas directas, pero con enorme potencia simbólica. Se trata de un disciplinamiento no solo de personas, sino de proyectos políticos.
Consultamos sobre este tema al reconocido analista internacional Atilio Borón quien nos dice que en Estados Unidos ha habido una mutación en la ejecución de la política exterior y donde antes intervenía en los países mediante los golpes de Estado, ahora lo hace a través del Poder Blando.
“Significa que Estados Unidos, deja de lado, salvo circunstancias extraordinarias, deja la opción militar como la opción única excluyente para derribar gobiernos “desafectos”. ¿En qué consiste el Poder Blando? En la aplicación del lawfare, entre otros instrumentos, para sacar de la cancha política a candidatos o personalidades o líderes indeseables”. En este sentido, además en relación a los jueces y fiscales, Atilio Borón señala que hace cuarenta años aproximadamente se vienen creando “cursos especiales de actualización en la administración de justicia, donde prácticamente se les enseña a aplicar la ley con el objetivo implícito de perseguir o sacar del juego político a determinados personajes”.
Además de las experiencias de Ecuador, Brasil y Bolivia, que ya mencionamos, Atilio Borón señala que también sucedió en Honduras, con Manuel Zelaya, en Paraguay con Fernando Lugo, en Perú con Pedro Castillo, en Colombia se amenaza a Gustavo Petro y en México se pretendió avanzar sobre Andrés Manuel López Obrador.
En síntesis Borón asegura que: “El lawfare es ya una política de Estado que tiene Estados Unidos para América Latina y su objetivo es lograr lo mismo que antes se lograba a través de un golpe militar. Por eso algunos expertos como Raúl Zaffaroni hablan del lawfare como un Plan Condor 2, sin balas, sin tortura en campos de exterminio pero que produce los mismos resultados, es decir, sacar de la arena política a candidatos o fuerzas que pueden no ser del agrado del sistema”.
En el artículo ¿Lawfare o lawfare? La guerra judicial y el miedo de CELAG, las autoras Silvia Romano y Camila Vollonweider desarrollan algunos de los elementos centrales de este accionar explicando que “Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba, para lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. Una guerra por otros medios, por la vía judicial, para garantizar el retorno del neoliberalismo”.
En Brasil, la operación Lava Jato fue el laboratorio perfecto. Bajo el argumento de combatir la corrupción, se generó una cruzada judicial y mediática contra Lula da Silva, que terminó con su encarcelamiento en 2018. El juez Sergio Moro, luego premiado como ministro de Justicia por Jair Bolsonaro, lideró un proceso plagado de arbitrariedades. Este proceso esconde un objetivo superior, del cual el Poder Judicial es instrumento. La periodista brasilera Aline Gatto Boueri hace foco en eso y nos explica el recorrido de este proceso que se inicia con el impeachment a Dilma Roussef en 2016, se proyecta con el proyecto de construcción liberal para el país de Michel Temer y continúa con la prisión de Lula en 2018. Ese mismo año se elige a Jair Bolsonaro y se orienta la política hacia la extranjerización de la economía y el afianzamiento de un modelo más claramente ultraliberal. Boueri aclara que “son movimientos de la justicia que acompañan un clima político que en aquel momento en Brasil era el de afianzar el regreso a un abordaje liberal de la economía que había sido “ralentizado” y más focalizado en la justicia social desde 2003 con la llegada de Lula”.
En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas contra Lula por considerar que Moro había actuado con “manifiesta parcialidad”. Ya era tarde: Lula no pudo competir en las elecciones de 2018, y Bolsonaro fue presidente.
En Ecuador, Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitado por el caso «Sobornos», basado en supuestos aportes ilegales de campaña. La condena se sustentó en un archivo de Excel sin firma ni autoría acreditada, según denunció la propia defensa del ex mandatario. Actualmente, Correa vive en Bélgica y no puede regresar a su país sin enfrentar prisión. Varios de sus exfuncionarios también fueron perseguidos, incluyendo a su ex vicepresidente Jorge Glas, encarcelado por más de cinco años.
Consultamos a Franklin Ramirez Gallegos, profesor de Sociología Política en FLACSO Ecuador, quien nos comentó que el lawfare en Ecuador arrancó en 2017 cuando Lenin Moreno, el vicepresidente del gobierno de Correa, rompió con el gobierno, y se montó en un discurso que venía instalando la derecha oligárquica sobre la corrupción del correísmo y de la revolución ciudadana. “A partir de esa lucha anticorrupción hubo toda una maquinaria entre el poder político, el poder mediático y el poder judicial que se imbricaron para fabricar una serie de escándalos que minaron el prestigio de muchos funcionarios del gobierno de Correa y que también fueron útiles para erosionar la credibilidad y la legitimidad de muchas de las políticas públicas de la revolución ciudadana, sobre todo en términos de construcción de infraestructura, hospitales, colegios, universidades, infraestructura petrolera, todas esas obras en las cuales se colocó la sospecha de malversación de fondos, de exceso de precios, etcétera” y en ese sentido Ramirez Gallegos agrega que “El correísmo fue objeto de estigmatización en las redes sociales, en los medios de persecución judicial y política y de una serie de procesos desde contraloría y fiscalía para tratar de desmovilizar al correismo y acabar con él en términos de su fuerza política”.
En Bolivia, tras el golpe de Estado de 2019 que forzó la renuncia de Evo Morales, se abrieron causas judiciales contra él y sus colaboradores, bajo cargos tan graves como terrorismo. Morales debió exiliarse y recién pudo regresar tras la victoria electoral del MAS en 2020. La justicia boliviana anuló muchas de las acusaciones por falta de sustento legal, y se evidenció la participación de actores externos, incluidos funcionarios de Estados Unidos y la OEA, en la desestabilización institucional.
En Argentina, la causa “Vialidad” es el símbolo más reciente del lawfare. El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se la acusó de encabezar una supuesta asociación ilícita vinculada a la obra pública en Santa Cruz. Sin embargo no se presentó una sola prueba directa que la vinculara con actos delictivos. La sentencia se basó en “presunciones” más que en pruebas.
La Corte Suprema convalidó el proceso sin resolver cuestiones esenciales planteadas por la defensa. La cronología de la causa, su aceleración en momentos electorales clave, las filtraciones mediáticas, el rol del fiscal Diego Luciani y las reuniones de jueces y empresarios en la estancia de Joe Lewis, refuerzan la idea de que el objetivo no era impartir justicia sino eliminar a Cristina como opción electoral.
En los hechos, el fallo tuvo consecuencias políticas concretas: Cristina anunció que no sería candidata en las elecciones de 2023.
Organismos como el CELS, Amnistía Internacional y el Grupo Puebla advirtieron sobre el carácter político de la sentencia. Para el ex juez español Baltasar Garzón en el fallo “hay una clara arbitrariedad judicial, y todo está plagado de irregularidades. Yo pensaba que la Corte Suprema iba a entrar de lleno en el caso, en profundidad, para restablecer las arbitrariedades que hubo en la causa Vialidad. No se animaron a revisar nada. Este fallo es una venganza política disfrazada de decisión judicial. Eso se llama lawfare”.
El lawfare no solo destruye referencias políticas: corroe los pilares de la democracia. Al reemplazar la decisión de las mayorías por el fallo de una minoría judicial, se reemplaza la voluntad popular por el dictamen de castas privilegiadas. Este modelo de control judicial actúa como dique de contención ante cualquier intento de redistribuir poder o cuestionar los privilegios de las élites.
La región se enfrenta al desafío de restituir la credibilidad y autonomía de sus sistemas judiciales. La democratización del Poder Judicial, la publicidad de los procesos y la rendición de cuentas deben ser parte de una agenda política que aspire a restaurar el vínculo entre justicia y pueblo. Sin justicia independiente, no hay democracia plena.
