¿El futuro ya llegó?
IA EN EL PODER JUDICIAL
La Inteligencia Artificial (IA) avanza en el Poder Judicial. La automatización de procesos de trabajo no se puede naturalizar sin evaluar las consecuencias en materia de derechos.
¿El futuro ya llegó?
IA EN EL PODER JUDICIAL
La Inteligencia Artificial (IA) avanza en el Poder Judicial. La automatización de procesos de trabajo no se puede naturalizar sin evaluar las consecuencias en materia de derechos.
La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito laboral ya no es una posibilidad lejana: es una realidad que se impone con fuerza. Empresas, organismos públicos y sistemas judiciales están explorando sus aplicaciones para automatizar procesos, agilizar tareas y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, este avance también despierta múltiples preocupaciones: ¿qué sucede con la inteligencia humana? ¿Qué lugar queda para la elaboración colectiva, la creatividad, el pensamiento crítico? ¿Qué ocurre con los puestos de trabajo y la experiencia acumulada de quienes hoy desempeñan funciones que podrían ser reemplazadas por máquinas?
Lejos de un entusiasmo acrítico, muchos sectores plantean reparos frente al uso creciente de la IA. No se trata de rechazar la tecnología per se, sino de debatir sus usos, sus límites y las condiciones en que se implementa.
En el ámbito privado las experiencias son variadas. Diversas empresas aplican IA para automatizar procesos y reducir tiempos en tareas operativas, incluso se llega a considerar esencial para el presente y futuro empresarial.
Sin embargo, hay estudios que revelan que aún es muy bajo el porcentaje de trabajadores y trabajadoras capacitado para enfrentar los cambios que trae aparejada la utilización de la IA en el mundo del trabajo. Esta brecha entre la velocidad de adopción y la preparación de los trabajadores no es menor: puede profundizar desigualdades y dejar afuera a quienes no tienen acceso a formación tecnológica.
La socióloga argentina Paula Sibilia, autora de La intimidad como espectáculo, advirtió que «la fascinación por la inteligencia artificial puede llevarnos a desvalorizar lo más humano: el tiempo lento, el pensamiento crítico, la sensibilidad». Para Sibilia, el riesgo está en ceder a la lógica de la eficiencia sin cuestionarla.
Uno de los ámbitos donde la IA comienza a ganar presencia, es en el Poder Judicial. A nivel regional , los sistemas judiciales la utilizan para analizar grandes volúmenes de datos, identificar precedentes, estimar tiempos de resolución o evaluar riesgos de reincidencia.
En Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, en colaboración con la UNESCO, adoptó en diciembre de 2024 una serie de directrices para el uso ético y responsable de la IA generativa en los tribunales. En Brasil, el Tribunal de São Paulo redujo un 87% los tiempos de procesamiento de causas con IA, siempre bajo supervisión humana. Y en México, experiencias como JulIA o Sor Juana avanzan, aunque especialistas advierten la ausencia de una estrategia integral que garantice la transparencia y evite sesgos automatizados.
En nuestro país, según un documento elaborado por Fundar y el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA (IALAB), la IA puede intervenir en varias etapas del proceso, desde la verificación de datos y la generación de escritos hasta el análisis automatizado de títulos ejecutivos mediante técnicas de visión artificial y procesamiento de lenguaje natural.
En 2017, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF) creó e implementó el sistema Prometea, una IA ideada para optimizar y agilizar el servicio de justicia.
Este sistema tiene tres aspectos centrales: Una interfaz intuitiva y amigable que permite «hablarle» al sistema o chatear a partir de un reconocedor de lenguaje natural; opera como sistema experto con multiplicidad de funciones, que permite automatizar datos y documentos y realizar asistencia inteligente; y por último, utiliza técnicas de machine learning supervisado y de clustering (algoritmo que agrupa datos bajo determinado criterio) a partir de etiquetado manual y de máquina con dataset de entrenamiento, a efectos de realizar predicciones y/o detecciones en grandes volúmenes de documentación.
Más allá de las ventajas que conlleva Prometea, el Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (FJA) el 8 de abril publicó el informe de “IA y Digitalización aplicada al ámbito del Trabajo en el Poder Judicial – FJA”, donde advirtió sobre su uso: “Según el MPF, se pretende reducir los tiempos de procesamiento judicial en un 90%, lo que podría disminuir el empleo en áreas relacionadas con la redacción de documentos judiciales”.
Y, sobre todo, expresó que “aunque asegure una tasa de acierto del 90% en sus predicciones, el sistema puede estar influenciado por sesgos presentes en los datos históricos. Este riesgo de sesgo es un desafío importante, ya que, como planteó la FJA, “los datos históricos pueden reflejar desigualdades sociales, raciales, de género y socioeconómicas. La IA puede replicar o amplificar estos sesgos, lo que plantea preocupaciones sobre la noción de `justicia neutra’ que podría ofrecer la tecnología”.
Detrás de la necesidad de optimizar procesos y reducir tiempos, “delegar decisiones críticas a sistemas que carecen de la capacidad de reflexionar sobre implicaciones éticas y sociales podría transformar la justicia en un proceso centrado sólo en la rapidez y optimización, en lugar de en principios éticos y jurídicos”, advirtió la Federación.
Al respecto, la investigadora y jurista Ana Laura Martínez subrayó que “la IA puede ser útil para apoyar decisiones judiciales, pero no debe reemplazar el juicio humano ni la interpretación jurídica. Hay valores que no pueden ser codificados por un algoritmo”.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, se comenzó con el diseño de un Plan Nacional de Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de establecer un marco para su uso en diversos sectores, promoviendo la tecnología desde la automatización hasta la toma de decisiones. A pesar de los avances, como la Agenda Digital Argentina 2030, el plan nunca fue oficializado.
En 2024, el Ministerio de Justicia de la Nación, mediante la Resolución 149/24, formalizó el Programa Nacional Integral de IA en la Justicia, con el fin de optimizar los procedimientos judiciales. Este programa está coordinado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y supervisado por el abogado y periodista, Fernando Horowitz.
Y en julio también se puso en práctica el «Programa Piloto de Uso Estratégico y Responsable de IA Generativa en la Justicia Argentina», impulsado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB), la Red Federal de Escuelas Judiciales de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ReFleJar), entre otros.
Participaron más de 2.000 trabajadores y trabajadoras judiciales pertenecientes a las provincias de Salta, Córdoba y Chaco. El objetivo fue crear una comunidad para entrenar la IA generativa utilizando el modelo LLM de ChatGPT-4, mejorando la respuesta a cuestiones civiles e implementando IA en tareas como la automatización de juicios ejecutivos y la sistematización de jurisprudencia.
El piloto mostró eficiencia en tareas complejas (73%), pero un bajo desempeño en tareas repetitivas (55-63%), lo que pone en duda su efectividad en aliviar la carga de trabajo manual.
En su informe final también se destacó la importancia de la supervisión humana, especialmente en tareas que requieren juicio ético y contextual. Es posible, “que la mayoría de los poderes judiciales avancen hacia tendencias híbridas, combinando sistemas inteligentes gestionados centralizadamente por departamentos técnicos (By IT) con soluciones que sean directamente administradas y, en algunos casos —sobre todo de cara a los agentes de IA—, incluso diseñadas por los propios usuarios (By User)”.
Al respecto, la FJA señaló que “una de las críticas fundamentales (a este programa piloto) es la falta de inclusión de los sindicatos en el proceso de construcción, aplicación y análisis del Proyecto”.
Uno de los grandes desafíos que presenta la implementación de la IA en el Estado, y en este caso en particular en la Justicia, es cómo compatibilizar los avances tecnológicos con la deficiente y desigual infraestructura que hay en los poderes judiciales de las provincias, los derechos y condiciones laborales, y una Justicia de calidad.
Al respecto, la FJA advirtió sobre lo que puede ocurrir si no se discute la incorporación de estas herramientas y avances tecnológicos en las negociaciones colectivas, teniendo en cuenta la voz de quienes trabajan en la justicia. “Si la IA reemplaza o redefine los roles de las y los trabajadores, esto podría tener repercusiones en las condiciones laborales, la calidad de vida y el bienestar en el ámbito judicial. La exclusión de los sindicatos puede alimentar temores sobre la precarización del empleo y la pérdida de poder de los trabajadores dentro del sistema judicial”.
Para Lucía Bonafe, abogada y Secretaria de Organización de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba y miembro de la FJA, “pareciera ser que la herramienta de la inteligencia artificial se está proponiendo como una modernización necesaria en los poderes judiciales sin antes haber resuelto cuestiones necesarias o básicas para que este tipo de herramientas prosperen”.
“Podemos tener sistemas internos de manejo informático o digital de los expedientes, pero no quiere decir que esos sistemas estén funcionando a la perfección, porque necesitan infraestructura, insumos, buenas computadoras o buenos sistemas de almacenamiento, buenos sistemas de provisión de internet para que eso funcione y tenga sentido”.
Además, en concordancia con los planteos cristalizados en el documento de la FJA, Bonafe destacó que “este tipo de herramientas pueden generar contrapunto con una idea de eficiencia o de velocidad en la justicia versus una idea de calidad en una política pública de Justicia, tanto respecto al cumplimiento de los derechos de las y los judiciales como de una política pública de justicia de calidad para la gente”.
Y agregó que “hay muchas cosas que debiéramos pensar para no poner el caballo por delante del carro. Desde los gremios exigimos paritarias o instancias de negociación colectiva para ir definiendo conjuntamente con el empleador mejoras de condiciones de trabajo”.
Para la Federación Judicial Argentina, el desafío que enfrentan las organizaciones sindicales, es “evitar que estas transformaciones tecnológicas conduzcan a una mayor precarización laboral, sobrecarga de trabajo o un control excesivo sobre las y los empleados judiciales. Es fundamental garantizar que la digitalización no signifique un vaciamiento de los derechos laborales ni una mercantilización de la justicia”.
“Es necesario que los gremios empecemos a plantear estos puntos no para frenar el avance tecnológico, sino para que tenga sentido para el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores judiciales, y para ofrecer una justicia que efectivamente sea mejor y no sólo más rápida”, concluyó, tajante, Lucía Bonafe.
La IA puede ser una herramienta poderosa si se pone al servicio de la mejora de la vida de las personas. Pero también puede ser utilizada para recortar empleos, reducir la intervención humana y reforzar lógicas de productividad por sobre el bienestar. La clave está en no naturalizar su avance sin discusión. Como toda tecnología, la IA no es neutral: responde a intereses y modelos de desarrollo que deben ser debatidos en profundidad. El futuro ya llegó. La pregunta es: ¿cómo queremos vivirlo?
