Coparticipación y federalismo
BUENOS AIRES RELEGADA: DESIGUALDADES HISTÓRICAS Y TENSIONES POLÍTICAS ACTUALES
¿Qué tipo de federalismo se construye con la distribución de ingresos coparticipables? Cuando los recursos se convierten en un mecanismo de disciplinamiento.
Coparticipación y federalismo
BUENOS AIRES RELEGADA: DESIGUALDADES HISTÓRICAS Y TENSIONES POLÍTICAS ACTUALES
¿Qué tipo de federalismo se construye con la distribución de ingresos coparticipables? Cuando los recursos se convierten en un mecanismo de disciplinamiento
Hay algo profundamente revelador en la coparticipación federal de impuestos: no sólo distribuye recursos, distribuye poder. Y cuando se la mira de cerca —con la frialdad de los porcentajes oficiales— lo que aparece no es un mecanismo de equilibrio, sino una arquitectura que consolida desigualdades históricas y, en el presente, habilita nuevas formas de disciplinamiento político.
La ley vigente, la 23.548, sancionada en 1988, fija todavía hoy el corazón del sistema. Según ese esquema, de la masa de impuestos coparticipables —fundamentalmente IVA y Ganancias, que explican cerca del 95% del total— se realiza una primera división: aproximadamente el 42,34% queda en manos de la Nación y el 56,66% se distribuye entre las provincias.
Ese es el primer dato clave: incluso antes de discutir cómo se reparten los fondos entre provincias, la Nación retiene una porción decisiva. El federalismo argentino, en su versión fiscal, nace ya con una asimetría.
Pero el segundo —la llamada distribución secundaria— es el que explica buena parte del conflicto. La ley asigna porcentajes fijos a cada jurisdicción, y desde su entrada en vigencia, la provincia de Buenos Aires hace gala de su histórica desigualdad.
Según datos oficiales, la provincia que concentra casi el 39% de la población del país y genera alrededor del 35% del PBI, recibe entre el 19,93% y el 22% de la masa coparticipable, de acuerdo con distintas estimaciones. Sin embargo, algunas mediciones más críticas señalan que la participación efectiva de la provincia de Buenos Aires en el total distribuido, desciende al 13%.
Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros meses de 2026, la coparticipación cayó entre un 5% y un 10% en términos reales. Las provincias, en conjunto, perdieron cerca de un billón de pesos. Pero el impacto no es uniforme.
En la provincia de Buenos Aires, donde la demanda de gasto público es más alta por razones demográficas y sociales, cada punto de caída se traduce en una presión inmediata sobre escuelas, hospitales, seguridad, infraestructura.
Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
Según detalló el Ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en un reciente informe publicado en los primeros días de abril , “mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias argentinas. En marzo, la caída real de la coparticipación federal fue del 8%. Las provincias recibieron unos $4,5 billones en recursos coparticipables, similar al registro de marzo de 2020, al inicio de la pandemia”. Y agregó que “la caída respecto del promedio 2019-2023 roza el 15% para los recursos coparticipables de las 24 jurisdicciones”.
En ese sentido, indicó que la baja de marzo se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.9 billones. “La persistencia del proceso inflacionario terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos”, informó.
Y explicó concretamente qué significa esta merma de los recursos para la provincia: “Buenos Aires perdió unos $80.000 millones respecto a 2025 y más de $200.000 millones respecto del promedio histórico”.
Como ya dijimos, la provincia de Buenos Aires es la que más aporta, la que más población tiene, la que más demanda servicios y, paradójicamente, una de las que menos recibe en términos relativos.
Si el esquema de distribución de la masa coparticipable ya es históricamente problemático, el presente, con su crisis y sesgo político, lo vuelve más áspero. El sistema no sólo distribuye automáticamente esos porcentajes preestablecidos por ley: también convive con transferencias discrecionales, decisiones políticas y, sobre todo, con el manejo de la recaudación en un contexto de crisis.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, lo expresó sin eufemismos: “la caída de la coparticipación y la discrecionalidad en la asignación de recursos agravan la situación fiscal de la provincia”. La frase tiene el tono de un informe técnico, pero es una denuncia: existe una desigualdad estructural y hay una voluntad política de profundizarla.
En una frase que funciona como diagnóstico y pone en evidencia lo que ya es obvio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resumió la situación: “la provincia aporta muchísimo más de lo que recibe y eso no es justo para los 17 millones de bonaerenses”.
Es por esto que en los últimos meses, su reclamo se volvió más concreto, más punzante: “le pedimos al Gobierno nacional que devuelva los 6,3 billones de pesos que le corresponden a la Provincia”. La cifra, enorme, funciona menos como cálculo exacto que como gesto político: poner en palabras el tamaño del conflicto.
Desde territorio bonaerense, la acusación política de discriminación se acrecienta porque como es bien sabido, el sistema no termina en la ley: continúa en la práctica cotidiana de la administración de fondos.
Y en ese terreno, la evidencia empieza a acumularse. Mientras algunas provincias reciben adelantos o asistencia financiera, Buenos Aires queda sistemáticamente relegada.
Ante la falta de acuerdos políticos, la disputa entre el gobierno nacional y el bonaerense escaló a la Corte Suprema. La provincia ya presentó múltiples demandas contra la Nación, en lo que constituye una estrategia de judicialización del conflicto fiscal.
A mediados de marzo, la Corte Suprema llevó a cabo a una audiencia para destrabar la deuda previsional que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS), la cual ascendería hasta los $2,2 billones, según indicaron desde el gobierno de Axel Kicillof.
En la audiencia, el máximo tribunal dio la primera señal hacia el Ejecutivo provincial para iniciar la instancia de diálogo institucional y poder avanzar con el reclamo de fondos adeudados. En esa línea, habrá una nueva convocatoria entre las partes para el próximo 21 de abril.
No es un dato menor: cuando el federalismo se discute en tribunales, algo del pacto político original ya está roto.
Kicillof, en ese marco, busca apoyarse en fallos previos del máximo tribunal que reconocieron reclamos provinciales frente a recortes nacionales. Pero el escenario es incierto: la Corte también es un actor político, y el conflicto por los recursos está lejos de resolverse sólo con argumentos jurídicos.
Hoy, en el gobierno de Javier Milei, esos fondos de coparticipación se utilizan como herramienta de su programa económico.
Un programa que privilegia economías de enclave —minería, hidrocarburos, exportaciones primarias— y que encuentra en ciertas regiones del país su soporte material. Buenos Aires, con su tejido industrial, su densidad urbana y su conflictividad social, aparece como un territorio incómodo para ese modelo.
Y entonces, la coparticipación deja de ser sólo una discusión fiscal para convertirse en una forma de ordenar el país. Un mecanismo silencioso pero eficaz para definir qué territorios se expanden y cuáles se contraen.
El gobernador bonaerense lo plantea en términos políticos: “no se puede construir un país federal con una provincia que aporta todo y recibe cada vez menos”. La frase condensa el conflicto, pero también abre una pregunta más amplia: ¿qué tipo de federalismo se está construyendo?.
Porque si los números oficiales muestran una desigualdad persistente, y la política actual la profundiza, entonces el problema ya no es sólo la coparticipación. Es el modelo de país que se financia con ella.
Y en ese modelo, Buenos Aires parece ocupar un lugar cada vez más claro: no el del motor que se fortalece, sino el del territorio que se ajusta.
