Derechos Humanos
50 AÑOS DEL GOLPE. 20 AÑOS DEL REINICIO DE LOS JUICIOS
Más de 1.200 genocidas fueron condenados por delitos de lesa humanidad en 361 sentencias en dos décadas de juicios. ¿Qué está pasando hoy con los procesos judiciales?
Derechos Humanos
50 AÑOS DEL GOLPE.
20 AÑOS DEL REINICIO DE LOS JUICIOS
Más de 1.200 genocidas fueron condenados por delitos de lesa humanidad en 361 sentencias en dos décadas de juicios. ¿Qué está pasando hoy con los procesos judiciales?
A 50 años del golpe genocida los juicios por delitos de lesa humanidad llegan a sus 20 años de realización desde su reinicio con el gobierno de Néstor Kirchner. En este tiempo la Argentina consolidó un proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que es reconocido en el mundo y que hasta ahora, en 357 sentencias fueron condenados más de 1.200 culpables de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.
Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentado en marzo de 2026, a cincuenta años del último golpe de Estado hay 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad, mientras que todavía hay 282 causas en instrucción (el 39%) y 60 (el 8%) están a la espera del inicio del debate. El 51% del total de 715 causas por delitos de lesa humanidad obtuvieron sentencia (361), de las que están firmes menos de 150 y más de 180 aún posee alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas sentenciadas.
En materia de juzgamiento, una de las mayores deudas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia es terminar con la impunidad para casi todos los partícipes civiles del terrorismo de Estado. En cuanto a la verdad, falta que quienes cometieron los crímenes aporten información para encontrar los cuerpos de las víctimas que siguen desaparecidas y a alrededor de 300 nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo que nacieron en cautiverio y continúan sin conocer su identidad.
La Procuraduría informó que actualmente hay 1.582 personas investigadas o condenadas por delitos de lesa humanidad que están libres y otras 504 están detenidas, ya sea acusadas o condenadas. De ellas, 425, más del 84% tiene el beneficio del arresto domiciliario y solamente en el 45% tiene un dispositivo electrónico como mecanismo de control de la prisión domiciliaria
Hay 18 detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o provinciales, mientras que otros 61 están en la Unidad Penitenciaria N° 34 situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, cuyas condiciones, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, “impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país” por “el rol del Ejército en su administración”.
Con respecto a los delitos sexuales, recién en 2010 se dictó una condena en la que fueron reconocidos como un delito autónomo. La Procuraduría señala que 61 de las 361 sentencias dictadas desde 2006 contemplan delitos relacionados con la violencia sexual por hechos en los que fueron damnificadas 270 víctimas (230 mujeres y 40 varones). Los condenados por crímenes de lesa humanidad de violencia sexual son 174, fue sancionada por la comisión de esta especie de delito, mientras que 45 resultaron absueltas
A pesar del Juicio a las Juntas (1985), los responsables de los delitos de lesa humanidad tuvieron años de impunidad con las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos. Con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner las luchas por Memoria, Verdad y Justicia fueron reconocidas en políticas de Estado: en 2003 se puso fin a las leyes de impunidad con su nulidad y en 2005 con su inconstitucionalidad.
En 2006 el ex policía federal Julio Héctor Simón, alias “El Turco Julián”, fue condenado a 25 años de prisión en el primer fallo dictado desde el reinicio de los juicios. Así se inició una etapa histórica en la Argentina para resolver deudas de la democracia con respecto a su pasado reciente. Antes, además del juicio de 1985, solamente pudieron avanzar las causas por la apropiación de niños y niñas, que no estaban contempladas en las leyes de impunidad.
Estos 20 años de juicios significan también dos décadas sin saber dónde Jorge Julio López y qué hicieron con él cuando lo volvieron a desaparecer después de haber dado testimonio en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en la Ciudad de La Plata.
El 2025 cerró con un aumento notable de absoluciones en el contexto del desmantelamiento de políticas de Estado por parte del gobierno de Milei y Villarruel. En 2026 comenzaron los juicios por las causas Orletti-Pomar y por el Operativo de la calle Corro en la Ciudad de Buenos Aires, CNU 2 en La Plata y La Escuelita 9 en Neuquén, mientras que fue postergado el inicio del debate por la causa La Fronterita en Tucumán, que investiga la participación civil en los casos de 68 víctimas. Por ahora está previsto que el 23 de abril el juicio por la causa a un civil de Molinos Río de La Plata en La Plata y el 29 de abril por Laguna Paiva (residual) en Santa Fe.
Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires sigue el juicio por la causa ESMA, en el que es juzgado el ex oficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada Gonzalo Sánchez. Como estuvo prófugo y fue extraditado desde Brasil en 2020, los hechos y su calificación fueron acotados en función de la sentencia de extradición. En Mar del Plata continúan las audiencias por la causa Subzona 15-3 para juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en distintos centros clandestinos de la zona, y en Mendoza por la causa D-2 por crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones de la Policía. En La Plata se desarrollan los juicios por las causas 1 y 60, Comisaría 8° y Comisaría 5°. En San Martín avanza el juicio Mansión Seré 4 con la unificación de dos causas que reúnen los casos de 127 víctimas. En San Nicolás se iniciaron los alegatos por la causa Saint Amant 4 por delitos cometidos a 59 víctimas en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están en profundo retroceso. En el marco de discursos y prácticas de negacionismo y hasta justificación del terrorismo de Estado, a través de despidos masivos y retiros voluntarios extorsivos, el Estado en manos de La Libertad Avanza se ha retirado prácticamente de su lugar de querellante para sostener e impulsar las causas, ha debilitado el funcionamiento de los espacios de memoria y de las áreas de acompañamiento de testigos y sobrevivientes, ha realizado encuentros con genocidas condenados para organizar su impunidad, ha desmantelado áreas que funcionaban como auxiliares de la justicia, como la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, entre otros pasos en contra del camino que atravesó nuestro país en los últimos años.
Los 50 años del golpe genocida llegan con una inmensa necesidad de defender los consensos sociales de la democracia, entre ellos el Nunca Más.
