Reforma previsional
DERECHOS JUBILATORIOS AMENAZADOS
El ataque a los sistemas previsionales empieza a concretarse en diversas provincias. Realizamos un análisis sobre las reformas impulsadas en Entre Rios y Cordoba.
Reforma previsional
DERECHOS JUBILATORIOS AMENAZADOS
El ataque a los sistemas previsionales empieza a concretarse en diversas provincias. Realizamos un análisis sobre las reformas impulsadas en Entre Rios y Cordoba.
El ajuste fiscal que Milei esta imponiendo a la Argentina tiene una de sus expresiones más concretas en los sistemas previsionales. Bajo el argumento de la “sustentabilidad” de las cajas jubilatorias, distintos gobiernos provinciales avanzan con reformas que modifican las condiciones de acceso, el cálculo de los haberes y los niveles de aportes de los trabajadores activos.
Lejos de ser debates meramente técnicos, estas iniciativas se inscriben en un contexto más amplio de políticas de ajuste impulsadas en todo el país que buscan reducir el gasto público a partir de la modificación de derechos sociales conquistados durante décadas de luchas sindicales.
Con el foco puesto únicamente en el déficit cero, el gobierno nacional tomó la decisión de frenar las transferencias a las provincias, tanto de fondos coparticipables, como de incentivo docente, envíos discrecionales y entre ellos, también los envíos de ANSES. En ese escenario, las reformas previsionales proyectadas en Córdoba y Entre Ríos se transformaron en dos casos paradigmáticos de un mismo proceso: la presión sobre los sistemas jubilatorios provinciales y la resistencia de los trabajadores estatales —entre ellos los judiciales— frente a medidas que consideran regresivas.
En Córdoba, el gobierno provincial avanzó recientemente con una reforma previsional que impacta de lleno sobre el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones local. La norma introdujo modificaciones en los aportes de los trabajadores activos y en la estructura de los haberes jubilatorios, bajo el argumento de garantizar el equilibrio financiero del sistema.
Entre los puntos más cuestionados por las organizaciones sindicales se encuentran los incrementos en los aportes personales de los trabajadores y trabajadoras estatales, así como los cambios en los mecanismos de cálculo y actualización de los haberes previsionales. Para los gremios, estas medidas implican trasladar el peso del déficit del sistema a quienes trabajan y a quienes ya se jubilaron.
La respuesta sindical no tardó en llegar. Distintos gremios estatales, incluyendo organizaciones que representan a trabajadores judiciales, impulsaron acciones gremiales y judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la reforma. Movilizaciones, presentaciones judiciales y acciones coordinadas entre sindicatos se convirtieron en el eje de una estrategia que busca frenar la aplicación de medidas que son un verdadero retroceso en materia de derechos previsionales.
Federico Corteletti, Secretario General AGEPJ-FJA y Secretario Adjunto de la CGT Córdoba, explica que a nivel provincial ya se había realizado un primer aumento de aportes de forma escalonada de un 2 a un 4% y a esto se suman las modificaciones de diciembre de 2025. “En los gremios estatales veníamos quejándonos del primer ajuste que ya llevaba dos años y habíamos salido a la calle por ese primer aumento de aportes donde ya todos los sectores estaban en el 4%. Nos veníamos movilizando por eso y en diciembre del año pasado nos aplicaron otro ajustazo con más aumento de aportes. Hoy estamos peleando por esta nueva ley previsional que es peor todavía que la anterior, que hace perder toda la coherencia al sistema previsional, porque todos aportan un porcentaje distinto, y porque se pierde el reparto solidario. La presentan como una Ley de equidad jubilatoria pero es un eufemismo para disfrazar un ajuste feroz”. En pocos años el aporte personal de cada trabajador o trabajadora pasó en pocos años del 11% al 26%, la edad para jubilarse es de 60 años en las mujeres y de 65 en los varones, tienen que llegar a los 30 años de aportes y el cálculo del haber inicial está basado en el 73% móvil sobre el promedio de los últimos 10 años de salario neto.
Las organizaciones sindicales sostienen que la reforma no resuelve el problema estructural de financiamiento del sistema previsional, sino que lo aborda desde una lógica de ajuste que recae sobre los trabajadores. En ese sentido, advierten que el debate previsional debería incluir otras variables, como la política fiscal general, el financiamiento estatal de las cajas provinciales y el fortalecimiento del sistema solidario.
Mientras en Córdoba la reforma ya fue sancionada, en Entre Ríos el debate se encuentra en una etapa previa, aunque con señales claras de hacia dónde podría orientarse el proyecto oficial.
El gobierno provincial inició un proceso de discusión con sindicatos estatales para presentar los lineamientos de una reforma del sistema previsional entrerriano. Entre los aspectos que comenzaron a mencionarse en ese marco aparecen posibles modificaciones en la edad jubilatoria, en el cálculo de los haberes y en los regímenes especiales vigentes dentro del sistema provincial.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre las organizaciones gremiales es la eventual revisión de los mecanismos de cálculo del haber inicial y del sistema de movilidad jubilatoria, elementos que determinan el nivel real de los ingresos de los jubilados.
Desde la perspectiva sindical, cualquier modificación en estos aspectos puede implicar una reducción efectiva del ingreso de jubilados y jubiladas o un cambio en las condiciones históricas de acceso al beneficio previsional.
En Entre Ríos José “Chechi” Segura, Secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos, sostiene que si se avanza con esta reforma “significaría una grave pérdida para los trabajadores activos y jubilados de la provincia. Implicaría un empobrecimiento significativo de los trabajadores jubilados, que dejarían de cobrar la jubilación que les corresponde hoy, del 82% y pasarían a cobrar un 64%. Con lo cual la caja de la provincia se acercaría más al modelo del ANSES que al histórico modelo del sistema solidario de reparto que ha permitido que los trabajadores jubilados tengan condiciones de vida dignas”.
En Entre Ríos, el aporte personal por trabajador o trabajadora pasaría a ser del 19%. Mientras el cálculo del haber inicial jubilatorio se realizaba con el 82% móvil sobre el promedio de los últimos 10 años del sueldo bruto, ahora pasaría a realizarse con el sueldo neto, lo que reduce muchísimo el número final. Además, la movilidad no estaría vinculada al sueldo de trabajadores activos sino que sería a partir de un índice que determinaría el Ejecutivo. Sería condición para jubilarse tener 35 años de aportes, en lugar de 30, y en cuanto a la edad para hacerlo, hoy las mujeres pueden jubilarse con 57 años y los varones con 62, si se avanza con estas modificaciones pasaría a ser 60 años para las mujeres y 65 para los varones.
Frente al ataque, la organización está activa en Entre Ríos y la unidad con otros sindicatos también marca el camino. “Estamos articulando con el resto de los gremios estatales que aportamos a la caja, tanto municipales, estatales, docentes, etc., para armar un frente común e intentar en una instancia de negociación, defender los derechos de los trabajadores”, agrega Chechi Segura desde Entre Ríos.
En ese contexto, distintos sindicatos comenzaron a advertir que el debate previsional no puede abordarse exclusivamente desde una mirada contable del sistema. Para los trabajadores organizados, se trata de una discusión sobre el modelo de seguridad social y sobre el carácter solidario del sistema jubilatorio.
Aunque con ritmos y modalidades distintas, los casos de Córdoba y Entre Ríos muestran un patrón que se repite en distintos puntos del país. Frente a las dificultades fiscales, los gobiernos provinciales colocan en el centro del debate a los sistemas previsionales, proponiendo reformas que modifican aportes, edades jubilatorias o mecanismos de cálculo de haberes.
Para las organizaciones sindicales, sin embargo, el problema no radica en los derechos previsionales sino en las políticas económicas que condicionan los recursos del Estado. En ese marco, sostienen que las reformas impulsadas bajo el argumento de la sustentabilidad terminan transformándose en mecanismos de ajuste sobre trabajadores activos y jubilados.
En este contexto, el debate previsional no se limita a lo que ocurre en Córdoba o en Entre Ríos. Para el movimiento sindical de la provincia de Buenos Aires existe una preocupación de fondo: que estas reformas provinciales anticipen un intento más amplio de avanzar sobre los sistemas previsionales que aún conservan mejores condiciones jubilatorias.
La ofensiva mayor de las políticas de ajuste, en línea con los objetivos históricos del Fondo Monetario Internacional, siempre apunta a las cajas previsionales de mayor peso financiero. En la Argentina, una de las más importantes es el Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires, que administra el sistema jubilatorio de cientos de miles de trabajadores estatales bonaerenses.
Hasta el momento, el actual gobierno provincial de Axel Kicillof ha ratificado en numerosas oportunidades la decisión política de defender el IPS y sostener las actuales condiciones jubilatorias del sistema. Esa definición ha sido un elemento central para preservar el régimen previsional bonaerense frente a las presiones que, desde distintos sectores, promueven reformas similares a las impulsadas en otras provincias.
Sin embargo, dentro del movimiento sindical existe una conciencia clara de que estos escenarios pueden modificarse. El cambio de gobierno y las presiones económicas pueden alterar rápidamente lo que hoy aparece como una certeza.
Por eso, para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, la defensa del IPS no es una discusión abstracta ni un problema lejano. Es necesario que se mantenga la proporción cerca de los cuatro trabajadores activos por cada persona jubilada y recuperar los aportes que el Anses enviaba por Ley a las cajas no transferidas y que el gobierno de Milei decidió interrumpir. Es una preocupación concreta y permanente que forma parte de la agenda de lucha del movimiento sindical, en defensa de un sistema previsional que es resultado de décadas de organización, negociación colectiva y conquistas laborales.
