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Derechos jubilatorios

IPS: EL MODELO SOLIDARIO QUE MILEI QUIERE DESMANTELAR

El gobierno nacional suspendió fondos al IPS y reavivó la disputa con la Provincia por la autonomía previsional. En juego está mucho más que un presupuesto: se define el futuro de un sistema solidario y federal de seguridad social.

Derechos jubilatorios

IPS: EL MODELO SOLIDARIO QUE MILEI QUIERE DESMANTELAR

El gobierno nacional suspendió fondos al IPS y reavivó la disputa con la Provincia por la autonomía previsional. En juego está mucho más que un presupuesto: se define el futuro de un sistema solidario y federal de seguridad social.

Redacción Revista En Marcha

El Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense es, tal vez, uno de los últimos bastiones de un modelo solidario de seguridad social que aún resiste en el país. No nació de la tecnocracia ni del oportunismo: nació de la política con mayúscula, en un momento donde el Estado se asumía como garante de justicia y no como gestor de recortes.

El IPS fue creado en 1948, bajo la “Ley Mercante” en la gobernación de Domingo Mercante, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y rápidamente se consolidó como un símbolo de justicia social y autonomía provincial.

Originalmente destinado a los empleados públicos bonaerenses, con el tiempo amplió su cobertura a municipales, legisladores, magistrados e incluso bomberos voluntarios. Su estructura se sostiene sobre un sistema solidario y generacional, donde los trabajadores activos financian las jubilaciones de los pasivos, reforzando la idea de comunidad y redistribución.

Hoy, el IPS se rige por la Ley 8.587/76 y el Decreto-Ley 9.650/80 (ordenado por Decreto 600/94), que lo definen como un organismo de derecho público, con autonomía de gestión y respaldo legal del Estado provincial, amparado por la constitución provincial. Es un sistema contributivo, donde además de las jubilaciones ordinarias, contempla regímenes diferenciales en años de edad y aportes, ya sea por tareas docentes, insalubres o desgaste prematuro.

También administra beneficios no contributivos, con fondos de rentas generales. Estos regímenes representan derechos adquiridos que difícilmente encontrarán lugar en un esquema centralizado y uniforme como el de la ANSES.

El avance de la “armonización”: entre la equidad y el vaciamiento


El IPS tiene historia, autonomía y, hasta hace poco, superávit. Sin embargo,
desde fines de los años 90, sucesivos gobiernos nacionales intentaron impulsar la llamada “armonización previsional”, un proceso destinado a homogeneizar los criterios de edad jubilatoria, cálculo de haberes y años de aportes entre las cajas provinciales y el Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA).

El Compromiso Federal (Ley 25.235, 1999) marcó el inicio de estos intentos de armonización, vinculando la ayuda financiera a la adecuación normativa. En 2017, con Mauricio Macri, el Consenso Fiscal profundizó esta lógica. A nivel provincial bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, con políticas de vaciamiento, de jubilaciones de oficio y retiros voluntarios más la liquidación de las Letras Previsionales, entre otras medidas, acentuó un desequilibrio estructural entre aportantes y beneficiarios.

Por entonces, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, advertía sobre esa situación: “con la excusa de la armonización del IPS, el Gobierno Nacional busca quedarse con la plata de los jubilados y trabajadores bonaerenses”

Finalmente, en 2024, la decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei de suspender las transferencias a las cajas no transferidas mediante el DNU 280/2024, profundizó la estrategia progresiva de ahogo financiero para forzar la “armonización”, lo que implica una absorción silenciosa, sin debate democrático ni mirada federal.

Este DNU del gobierno nacional, afectó directamente al IPS, generando un agujero financiero de 1,7 billones de pesos.

Para especialistas y gremios, no se trata de un ajuste neutral sino de una estrategia de vaciamiento: se debilita deliberadamente a las cajas provinciales para la armonización a los parámetros del Anses.

Al respecto, Griselda Cavaliere, Directora de Gestión Institucional del IPS, explicó: “La presión de Milei sobre el sistema previsional provincial es por dos vías, por un lado directamente en cuanto a los recursos que no transfiere, fondos que son de las y los trabajadores del Estado provincial y municipal de la provincia de Buenos Aires y que ante esto la provincia debe hacerse cargo; y por otro a nivel general, al haber liberado los precios de medicamentos, alimentos, alquileres, etc, hace que los ingresos de las jubilaciones pierdan poder adquisitivo día a día”.

Y agregó: “El gobierno de Milei ha decidido ahogar a las provincias financieramente para que no puedan dar respuesta a los recortes que somete a la población desde las políticas nacionales. Es una ecuación perversa, ya que las provincias deben hacer frente con cada vez menos recursos a la creciente demanda de mayores necesidades insatisfechas de su población producto de las políticas nacionales”.

“Aún con esa presión, el IPS con gestión y mucho trabajo, sigue garantizando el acceso y la movilidad de las prestaciones previsionales, mejorías continuas en la recaudación, con la digitalizando de la mayoría de los expedientes y trámites, con cada vez más presencia del IPS en el territorio, con 122 Centros de Atención Previsional.” destacó.

El reclamo judicial de la Provincia


Frente al ahogo financiero, el gobernador Axel Kicillof ordenó presentar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Según el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Nación le adeuda a Buenos Aires 12,1 billones de pesos: $3,04 billones en deudas directas, $6,90 billones en obras públicas paralizadas y $2,16 billones en programas sociales discontinuados.  Dentro de este total, el Instituto de Previsión Social estima que 1,7 billones corresponden exclusivamente a fondos previsionales que la Nación no transfiere desde 2024.

Estos recursos, que corresponden a los incumplimientos de asistencias por parte de ANSES, deben ser girados a las provincias que administran cajas previsionales no transferidas. Buenos Aires cuenta con tres: el propio IPS, la caja de la Policía y la del Banco Provincia (BAPRO).

El nuevo reclamo busca una medida cautelar para que ANSES reanude los giros y una audiencia conciliatoria entre Nación y Provincia, apoyándose en antecedentes favorables a Santa Fe y Córdoba.

La presidenta del organismo, Marina Moretti, en una entrevista en la revista La Tecla, describió el escenario con crudeza: “Desde 2024 no recibimos un solo peso. Estamos hablando de los recursos previsionales de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires: docentes, médicos, enfermeros, judiciales, municipales y de la administración central”.

La falta de estos recursos genera tensiones financieras severas, ya que son considerados esenciales para sostener el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.

El efecto motosierra y el federalismo en juego


La situación del IPS no puede analizarse en el vacío. Forma parte del ajuste estructural que impulsa el Gobierno de Milei bajo el llamado “efecto motosierra”. La decisión de cortar transferencias a las cajas provinciales responde a la lógica de recentralizar recursos en Nación y reducir el gasto público, aun a costa de los derechos adquiridos.

El impacto no es solo contable: también es institucional y federal. El IPS representa una experiencia concreta de autonomía previsional, adaptada a la realidad bonaerense y respaldada por el Estado provincial.

Su vaciamiento implicaría no solo un golpe a los jubilados actuales, sino también la pérdida de la capacidad de diseñar políticas de seguridad social con perspectiva local.

Es por eso que la pelea por el IPS trasciende lo jurídico. Se trata de decidir entre dos modelos: Un sistema solidario y provincial, con regímenes diferenciados y autonomía de gestión o un esquema centralizado y uniforme, que privilegia el equilibrio fiscal sobre la justicia social.

“Vaciar, absorber o armonizar sin debate democrático” no sería un mero cambio administrativo, sino un retroceso histórico en materia de derechos previsionales

En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro del IPS, sino la definición del rol del Estado en la vida de millones de argentinos: ¿garante de justicia social o administrador de recortes?.

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