Discapacidad
CUANDO EL AJUSTE GOLPEA A LOS MÁS VULNERABLES
¿Qué pasa cuando el Estado se retira? La situación que viven hoy las personas con discapacidad y sus familias frente a la falta de financiamiento de políticas públicas para el sector es crítica.
Discapacidad
CUANDO EL AJUSTE GOLPEA A LOS MÁS VULNERABLES
¿Qué pasa cuando el Estado se retira? La situación que viven hoy las personas con discapacidad y sus familias frente a la falta de financiamiento de políticas públicas para el sector es crítica.
En nombre del equilibrio fiscal, el gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un ajuste que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables. Entre ellos, las personas con discapacidad se encuentran en el centro de un proceso sistemático de desfinanciamiento, exclusión y estigmatización.
Bajo consignas de “eficiencia” y “depuración”, se están desmantelando pilares fundamentales de asistencia estatal, mientras miles de personas pierden pensiones, acceso a tratamientos, transporte y cobertura médica.
Desde principios de 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a cargo del recientemente “renunciado” Diego Spagnuolo, implementó auditorías masivas sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Lo que, en (su) teoría debería ser un control del gasto público, se ejecutó con una lógica punitiva, sin criterios transparentes ni mecanismos de defensa adecuados para los afectados.
Entre marzo y junio de 2025, la auditoría llevada adelante por el Ministerio de Salud y la ANDIS dejó un saldo alarmante: más de 470.000 cartas documento enviadas, 83.000 entrevistas médicas y 80.000 pensiones suspendidas. Y eso no fue todo. El gobierno proyecta eliminar próximamente entre 120.000 y 224.000 beneficios, lo que implicaría excluir hasta un 20% del padrón histórico de pensiones no contributivas por invalidez.
En paralelo, y como es ya su costumbre, desde el gobierno instalaron un discurso en los medios de comunicación que asocia la discapacidad con fraude, abuso y clientelismo, generando un clima de sospecha y estigmatización hacia todo el colectivo. Para muestra basta un botón (o dos): Spagnuolo, en una charla con Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un niño con autismo, le dijo que «un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado». Y siguiendo con la misma línea, el mismo Presidente de la Nación agredió al niño a través de su cuenta en la red social X, tildándolo de militante kirchnerista, para descalificar así su justo reclamo.
El presupuesto del gobierno destinado a pensiones por discapacidad cayó de $3,034 billones en 2024 a $2,355 billones en 2025, una baja nominal del 23%. En términos reales, la caída supera el 40% respecto a 2023. Quienes aún conservan la pensión también han visto deteriorado su poder adquisitivo: entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el ingreso mensual perdió un 13% de su valor real, agravado por el congelamiento del bono complementario y el alza de medicamentos, traslados y terapias.
Pero el ajuste no se limita a las pensiones: según cifras del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), se recortaron subsidios a hogares, transportes y centros terapéuticos, dejando a más de 180 centros de día al borde del cierre y afectando a 9.000 personas que dependen de ellos.
Daniel Ramos, miembro de CAIDIS, ilustró la magnitud del desfinanciamiento: “Para que sirva de referencia, un centro de día en diciembre del año pasado cubría solo el 70% de los costos laborales con lo que se pagaba. Desde entonces, no hubo aumentos. En un comedor, por jornada simple, el Estado reconoce $3.099 cuando el costo real es más del doble. Eso es lo que se está pagando hoy para la alimentación de las personas con discapacidad.”
Además, explicó que esta crisis no es nueva, pero se profundizó de forma dramática: “Ya veníamos con una situación de atraso, pero ahora directamente no se llega a cubrir lo básico. Los prestadores se están retirando porque no pueden sostener alquileres ni pagar sueldos. Formarse en discapacidad lleva mucho tiempo, y perder a esos profesionales significa romper vínculos esenciales con las personas que atienden.”
Esta política cruel de recorte y desfinanciamiento de un sector tan vulnerable como el de las personas con discapacidad, trae como consecuencia una crisis multidimensional sin magnitud, que afecta seriamente a la salud física y mental de quienes lo sufren.
Tratamientos esenciales como fonoaudiología, kinesiología o psicología se están viendo interrumpidos por falta de cobertura o por la retirada de prestadores que ven congelado desde diciembre de 2024 el nomenclador con el cuál se pagan los aranceles. Con respecto a esta situación, Daniel Ramos de CAIDIS, alertó: “Un niño con autismo necesita un acompañante y un equipo que conozca sus tiempos. Encontrar eso lleva meses o años. Hoy se está perdiendo porque los profesionales abandonan el sistema”.
Por su parte, el transporte adaptado, esencial para el traslado de las personas con discapacidad, también padece la falta de actualización de los aranceles que pagan el Estado y las obras sociales, por lo que miles de personas quedan encerradas en sus hogares, sin poder asistir a la escuela, al trabajo o a actividades recreativas. Esto conlleva una pérdida de autonomía y aislamiento, que dificulta su desenvolvimiento e inserción en la sociedad.
Frente al retiro abrupto del Estado, las familias asumen el cuidado con recursos propios. “El Estado se retira y deja a las familias con todo el peso. Muchas madres cuidadoras dejan de trabajar y caen en la informalidad o la pobreza”, describió tajantemente Ramos.
En julio, el Congreso de la Nación aprobó una ley que declaraba la emergencia en discapacidad, con medidas como la actualización de aranceles según el IPC y la ampliación de la cobertura de pensiones. Sin embargo, el presidente Milei la vetó, argumentando que implicaba un “impacto insostenible” sobre el déficit cero.
Para Ramos, esta fundamentación carece de sustento: “El costo total de la ley afectaría sólo un 0,45% del presupuesto. En cambio, la baja de retenciones al campo, por ejemplo, significa un 0,2%. Cargar sobre las personas con discapacidad la responsabilidad del desequilibrio fiscal es injusto”.
También desmintió el argumento de que el Estado nacional financia la mayoría de las prestaciones: “El Estado sólo paga las de Incluir Salud, que alcanzan a 32.000 personas. El resto se financia con aportes de trabajadores y jubilados, a través de las obras sociales y el PAMI. No es cierto que el gasto salga todo del Tesoro”.
Esta Ley fue vetada por el Presidente y organizaciones de prestadores, familias y personas con discapacidad intensificaron su actividad y coordinación para lograr que el Congreso rechace el veto y se de plena vigencia a la Ley. Este miércoles con 172 votos a favor y 73 en contra Diputados rechazó el veto y ahora la última palabra la tiene el Senado.
Ramos describió el clima actual como “una situación de tanta agresión y crueldad que ha movilizado a todos los actores del sector”. Y advirtió sobre el verdadero costo del ajuste: “El chico que hoy no tiene apoyos para la inclusión educativa, o la persona que pierde acceso a rehabilitación, están viendo comprometido su futuro. No es solo un ajuste económico: es una afectación seria de derechos”.
En una Argentina pensada solo para unos pocos, la crueldad y el abandono se han vuelto moneda corriente. Frente a esta política de recorte de derechos, solo cabe responder con un solo golpe: la memoria histórica de un pueblo que siempre se ha unido para salir adelante.
