Digitalización
JUSTICIA DIGITAL: ¿PROGRESO O SOBRECARGA LABORAL?
Una mirada desde adentro del Poder Judicial sobre los impactos de los expedientes digitales, las presentaciones electrónicas y otras formas de digitalización del trabajo judicial.
Digitalización
JUSTICIA DIGITAL: ¿PROGRESO O SOBRECARGA LABORAL?
Una mirada desde adentro del Poder Judicial sobre los impactos de los expedientes digitales, las presentaciones electrónicas y otras formas de digitalización del trabajo judicial.
La digitalización en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires fue presentada como un paso adelante hacia la eficiencia, la transparencia y la modernización. Sin embargo, para quienes lo sostienen cotidianamente con su trabajo -los y las trabajadoras judiciales- esta supuesta revolución tecnológica significó, en los hechos, una reconversión forzada que intensificó la sobrecarga laboral ya existente, precarizó las condiciones de trabajo y expuso nuevas formas de desigualdad e injusticia dentro del propio sistema.
Lejos de simplificar tareas, la digitalización del expediente judicial en nuestra provincia ha recargado el trabajo en los juzgados. El relato habla de eficiencia, rapidez y comodidad, pero la experiencia cotidiana de las y los trabajadores muestra otra realidad; a saber, colapso, precarización y una creciente emergencia laboral.
Desde la implementación masiva de los expedientes digitales y las presentaciones electrónicas, la jornada laboral de los tribunales provinciales se vio aún más sobrecargada. La “digitalización” vino acompañada de una lógica de disponibilidad permanente, donde los escritos ingresan a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, incluso durante ferias judiciales, feriados y fines de semana largos. En algunos juzgados civiles del conurbano bonaerense, como los de Lomas de Zamora, se han registrado más de mil escritos durante los recesos de enero. La jornada de trabajo, entonces, comienza con cientos de presentaciones acumuladas que antes, por limitaciones físicas y logísticas de los letrados, ingresaban de manera progresiva.
La inmediatez que ofrece el sistema electrónico fue aprovechada por la matrícula, ya que hoy puede procurar cientos de expedientes en un día desde una computadora. Esto, que en principio podría parecer una mejora operativa, en la práctica genera un flujo constante e ininterrumpido de escritos que deben ser procesados y proveídos sin que se hayan reforzado las plantas de personal ni los recursos técnicos necesarios para sostener este ritmo. No es inusual que un mismo expediente reingrese varias veces en pocas horas, inclusive estando “a despacho”, obstaculizando el trabajo y generando demoras provocadas por la imposibilidad material de atender todos los requerimientos en simultáneo.
No existen topes establecidos por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la cantidad de escritos electrónicos que pueden ingresar diariamente por juzgado. En algunos casos, los tribunales llegan a recibir entre 4.000 y 5.000 escritos al mes, sin que ello genere una adecuación proporcional del personal ni de los insumos. Esta ausencia de planificación agrava un problema estructural, los juzgados están diseñados para una lógica analógica y la virtualidad desbordó esas estructuras, sin ampliarlas ni reformularlas.
Tampoco hay filtros de calidad en los escritos ni en los documentos adjuntos. Se reciben textos en formatos irregulares, incompletos, mal redactados o ilegibles, que dificultan la lectura y la comprensión, lo que implica una pérdida de tiempo invaluable. Los archivos adjuntos en formato PDF presentan desde fotos borrosas hasta documentos escaneados incorrectamente, que terminan en expedientes desordenados e ininteligibles.
A eso se suma que la responsabilidad de estandarizar y ordenar los archivos recae nuevamente sobre los y las trabajadoras judiciales, quienes deben revisar y validar presentaciones mal hechas, en lugar de que el sistema rechace automáticamente los documentos que no cumplen los requisitos mínimos.
El expediente digital se presenta como una solución moderna, pero para quien trabaja frente a una sola pantalla pequeña, sin doble monitor, sin espacio físico ni equipamiento adecuado, significa una trampa de ineficiencia y agotamiento. La revisión de expedientes electrónicos exige visualizar simultáneamente textos legales, trámites previos, documentos en formato PDF, el escrito donde se peticiona y el proyecto de proveído; tareas que, antes, se realizaban con el papel sobre el escritorio.
La falta de herramientas básicas como monitores amplios, mobiliario y conectividad estable impacta directamente en la salud visual, postural y mental de los trabajadores. Este desgaste, acumulado y silencioso, no encuentra ningún reconocimiento institucional ni retribución económica.
Mientras tanto, las tareas que antes correspondían a las partes, a los abogados y/o a los auxiliares de la justicia ahora son absorbidas por los juzgados. Trámites como inscripciones de medidas cautelares, notificaciones, digitalización de documentos, consultas de saldos, comunicaciones entre organismos, entre muchos otros, hoy son “de oficio”. Lo que era una excepción se convirtió en regla. Esta progresiva absorción de funciones no vino acompañada de una reorganización de tareas ni de una redistribución de personal. Peor aún, muchos cargos vacantes no se cubren y los salarios que no se pagan no se reinvierten en quienes se hacen cargo del trabajo que falta.
A esto se suma la carga de datos en el sistema, la cual es llevada a cabo íntegramente por los trabajadores judiciales, cuando nada impide que la misma sea realizada por la parte o por el o la profesional que lo representa.
El paso de lo analógico a lo digital no fue ordenado, planificado ni sistemático. Hoy conviven expedientes en papel, mixtos y totalmente electrónicos en una misma dependencia. Esta coexistencia sin lineamientos claros vuelve aún más caótico el trabajo, especialmente en juzgados con décadas de historia y más de 100.000 causas físicas acumuladas.
La SCBA no distingue entre estos escenarios y dicta resoluciones uniformes para todos los juzgados, sin importar el volumen, la antigüedad ni el formato de los expedientes. Es urgente la creación de un ente digitalizador que permita externalizar esta tarea, liberando a los trabajadores de una carga imposible de asumir sin afectar el servicio que se le brinda a la comunidad como así también la responsabilidad de las y los funcionarios.
En relación a esto último, hay un aspecto de la digitalización que no se suele abordar, la responsabilidad objetiva sobre la documentación en papel. Las y los secretarios de los juzgados y tribunales siguen siendo responsables de expedientes físicos y documentación imposibles de ordenar, clasificar y controlar en condiciones actuales. Esta desigualdad no puede mantenerse ni tolerarse.
El reemplazo del trato personal por las vías telemáticas (correos electrónicos, WhatsApp, llamadas) generó una nueva forma de exposición. Algunos profesionales abusan de estos canales, exigiendo respuestas fuera de los tiempos y canales adecuados. Las agresiones verbales, las adjetivaciones y los malos tratos se volvieron frecuentes, sin que exista un protocolo claro de contención o denuncia. Las trabajadoras y los trabajadores judiciales ya enfrentan condiciones extremas; no deben, además, ser blanco de violencia institucional ni simbólica.
A su vez, la multiplicidad de vías de contacto ha creado una «mesa de entradas paralela», sin control ni seguridad jurídica sobre quién realiza las consultas. En algunos fueros, incluso las partes (no los abogados) hacen consultas técnicas que deberían canalizarse por otras vías. El desorden es total y la responsabilidad vuelve a caer en quienes menos poder tienen para corregirlo.
Los y las trabajadoras judiciales no se oponen a la tecnología. Al contrario, la adoptan, la entienden y la integran con compromiso. Pero esta transición fue impuesta verticalmente, sin participación, sin escucha y sin planificación.
Una forma de mejorar este tipo de limitaciones sería la implementación de una serie de medidas indispensables:
El Poder Judicial no puede construirse sobre el sacrificio de sus trabajadores y trabajadoras. La justicia no es solo una declaración de principios; también es una práctica cotidiana que requiere condiciones dignas, humanas y justas para quienes la hacen posible.
Este modelo de digitalización, sin participación de quienes lo ejecutan, no es transformación, es flexibilización encubierta.
