1976: Terrorismo de estado y reconversión económica
GOLPE CONTRA LAS Y LOS TRABAJADORES
El Golpe Cívico Militar tuvo el objetivo de cambiar la matriz económica y desarticular el movimiento obrero. La resistencia sindical abrió el cauce para la recuperación democrática.
1976: Terrorismo de estado y reconversión económica
GOLPE CONTRA LAS Y LOS TRABAJADORES
El Golpe Cívico Militar tuvo el objetivo de cambiar la matriz económica y desarticular el movimiento obrero. La resistencia sindical abrió el cauce para la recuperación democrática.
El del ´76 no fue un Golpe más en nuestra historia. Tuvo dos objetivos centrales: cambiar de raíz la matriz económica del país donde tenían un lugar protagónico el Estado, el capital nacional y el trabajo, y aniquilar la estructura organizativa y la resistencia del movimiento obrero. En gran medida lograron lo primero, pero no pudieron, a pesar de la feroz represión, lograr lo segundo. El movimiento obrero resistió y abrió el cauce definitivo para la restauración de la democracia en el ´83.
El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina fue analizado desde múltiples perspectivas. Se estudió su ferocidad en materia represiva, la sistematización del terrorismo de Estado y las enormes consecuencias políticas del quiebre institucional. Sin embargo, hay un aspecto menos explorado: para alcanzar el objetivo principal las clases dominantes argentinas debían aniquilar el poder de organización y resistencia del movimiento obrero argentino.
El Golpe tuvo una clara finalidad: intentar cambiar de raíz la matriz de acumulación económica que tuvo la Argentina durante el periodo de versión argentina de “Estado de Bienestar” centrado en la Justicia Social que se abrió en los años ´40 y para eso debían cerrarlo, a sangre y fuego si era necesario. Este objetivo tenía un obstáculo, el poder acumulado durante décadas por las y los trabajadores argentinos. Un poder que se fortaleció especialmente en los años del primer peronismo con trascendentes medidas institucionales tomadas por el gobierno de Perón como: el reconocimiento de cientos de organizaciones obreras en todos los niveles, leyes y beneficios sociales y laborales, la participación en las ganancias de las empresas, la sanción de la Constitución de 1949, el fortalecimiento de la CGT como eje de poder popular, entre otras medidas. Sin la aniquilación de este sector no había posibilidad de avanzar en los cambios de fondo.
Casi la totalidad de las víctimas del Terrorismo de Estado fueron trabajadores y estudiantes, y más del 70% del total tenían pertenencia orgánica al movimiento obrero: delegados, integrantes de comisiones internas, dirigentes de gremios, obreros fabriles, empleados públicos, activistas barriales. No fue casualidad. La Dictadura no se limitó a perseguir la disidencia política: buscó desmantelar el poder de negociación de los trabajadores y modificar el modelo económico de la Argentina. Lo hizo con la complicidad de sectores empresariales, judiciales, eclesiásticos y del capital financiero internacional.
El golpe de 1976 no fue una improvisación de los militares de la Junta. Fue la culminación de un proceso iniciado, al menos, en 1955, cuando la autodenominada «Revolución Libertadora» derrocó a Juan Domingo Perón e inició un plan sistemático de desindustrialización y represión sindical. Previamente a este Golpe hubo otros hechos de asonadas militares pero recién lograron el objetivo el 16 de septiembre del ´55.
Desde entonces, distintos gobiernos – civiles y militares – intentaron disciplinar al movimiento obrero y reconfigurar la economía nacional bajo un esquema de mayor dependencia externa. El modelo de la Argentina con fuerte participación en la economía del Estado, el capital nacional y el trabajo, desde esa perspectiva, debía ser barrido. La idea de una Argentina industrial, con fuerte distribución de la riqueza, un movimiento sindical grande y vigoroso, un Estado con participación en sectores estratégicos del país como el comercio exterior, los servicios públicos, la producción de barcos, aviones, trenes, vehículos, material bélico, energía nuclear, represas hidroeléctricas, la construcción de viviendas sociales etc, era algo que no podía ser tolerado por las tradicionales clases dominantes argentinas.
La hegemonía de los sectores oligárquicos terratenientes de la “Argentina monoproductora de materias primas” debía ser restaurada pero en esta nueva etapa histórica ese bloque de poder tenía nuevos actores que se sumaban: las multinacionales y el capital financiero.
Los ´60 y principios de los ´70, con interrupciones institucionales y recuperaciones democráticas efímeras y condicionadas, fueron años de gran ebullición caracterizados por la lucha a cielo abierto entre estos dos modelos de Argentina. Con este antecedente, el golpe de 1976 fue la oportunidad para avanzar en la aniquilación de la resistencia para la transformación estructural.
No fueron solo los militares los que tomaron el poder. A su lado estaban las grandes corporaciones, sectores de la Iglesia, la Justicia y el respaldo del capital financiero internacional. Previo al golpe, la APEGE (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) presionaba por medidas económicas que debilitaran al movimiento obrero. Empresas como Ford, Techint, Ledesma y Acindar no sólo apoyaron el golpe, sino que entregaron listas de delegados sindicales para que fueran secuestrados. El propio José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la Dictadura, lo dejó en claro en una conferencia en EE.UU. en 1977: «Era necesario sanear la economía argentina y poner fin al caos sindical».
Una vez neutralizada la resistencia sindical mediante la feroz aplicación del terrorismo de Estado, el gobierno militar impuso su modelo económico: Desindustrialización, Ajuste laboral, Endeudamiento y Fuga de capitales.
El golpe no fue solo un acto de violencia política. Fue un acto de violencia económica contra la clase trabajadora. Este sector, que supo alcanzar durante los años ´70 el máximo nivel de participación en la economía del país, con el hito histórico de 51% de la torta para el trabajo y el 49% para el capital, cifras que eran incluso superiores a las registradas en los países más importantes del mundo, debía ser debilitado, de otra manera no podía haber reconversión económica en beneficio de los poderosos de siempre.
Naturalmente la primera lectura de este aspecto es la valoración de la resistencia que comenzó con las primeras rondas de Madres y Abuelas en Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de los miles de secuestrados y detenidos desaparecidos a los largo y ancho del país.
Pero también un dato poco profundizado es que la resistencia del movimiento obrero, aun en condiciones de gravísima represión, comenzó en los primeros días posteriores a la Dictadura. Con la CGT y los sindicatos intervenidos, los trabajadores se replegaron pero no dejaron de resistir a las medidas de agresión económica y las detenciones de activistas. Desde las comisiones internas, desde los lugares de trabajo, desde acciones relámpago en las fábricas, en ningún momento de la Dictadura dejó de desarrollarse acción de resistencia sindical aun al costo de perder la vida por una simple distribución de volantes.
Esta resistencia que acumulaba miles de acciones durante los 3 primeros años, tuvo su primer hito el 27 de abril del ´79 con la Convocatoria al Primer Paro General a la Dictadura genocida. La medida fue convocada por la recordada “Comisión de los 25 Gremios Peronistas” creada por Saúl Ubaldini (Cervecero), Roberto García (Taxista), Roberto Digón (Tabaco), Osvaldo Borda (Caucho), Ricardo Pérez (Camioneros) entre otros dirigentes. Fueron los “25”, origen de lo que luego sería la CGT Brasil. Torpemente, en la tarde del 26 de abril, la Dictadura detuvo a la mayoría de ellos y los mandó a la cárcel de Caseros, creyendo que de esa manera lograría neutralizar la medida. Sin embargo, a pesar del terror infundido entre el 70% y el 80% de los establecimientos productivos del país realizaron el paro.
Desde allí vinieron otras medidas hasta el último masivo Paro del 30 de marzo del ´82 que dio las últimas estocadas a la Dictadura en retirada que se adentraba a la Guerra de Malvinas.
Si hubo un poder del Estado que no sólo fue cómplice, sino que actuó como garante del golpe de Estado, fue el Poder Judicial. Tanto en el ámbito nacional como en el provincial, los tribunales no solo legitimaron la represión, sino que también encubrieron crímenes de lesa humanidad y desprotegieron a las víctimas del Terrorismo de Estado.
Tras el golpe, la Corte Suprema fue intervenida y sus nuevos jueces juraron lealtad al régimen militar. Durante la Dictadura, se presentaron más de 15.000 hábeas corpus en favor de personas detenidas o desaparecidas, y prácticamente ninguno fue aceptado.
En la provincia de Buenos Aires, la connivencia del Poder Judicial fue particularmente evidente. Se rechazaron sistemáticamente recursos legales en favor de las víctimas, y algunos jueces y funcionarios participaron activamente en la represión. Un ejemplo de ello es el juicio a ex-funcionarios judiciales acusados de encubrir los denominados «vuelos de la muerte».
Desde el primer momento, el sindicato de los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense, denunció el golpe de Estado, la intervención de los gremios y la persecución a los trabajadores.
Según testimonios de militantes de la época, a los pocos días del golpe y a pesar de quedar expuestos a grandes riesgos, se realizaron asambleas en los 13 departamentos judiciales donde se repudió la Dictadura.
La Dictadura impuso la Ley de Prescindibilidad, que en su versión al interior del Poder Judicial, permitía cesantear empleados y empleadas por decisión arbitraria de los jueces. Más de 100 trabajadores judiciales fueron cesanteados. Tras la recuperación de la democracia y con grandes luchas el gremio logró la reincorporación de muchos de ellos.
Además, hubo decenas de compañeras y compañeros perseguidos, presos políticos, exiliados y hasta el momento, según los avances en las investigaciones impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la AJB, 14 trabajadores y trabajadoras judiciales bonaerenses fueron detenidos desaparecidos y asesinados.
En este pequeño capítulo, donde hablamos de nosotros y nosotras, de nuestra historia, de nuestra identidad como judiciales los queremos recordar porque los llevamos con nosotros en cada lucha, como a los 30 mil detenidos/as desaparecidos/as:
– Patricio Blas Tierno – Secuestrado el 15/5/1976 y asesinado en la Masacre de Margarita Belén.
– Miguel Santiago Bacasun – Secuestrado el 26/6/1976 en Bahía Blanca.
– Antonio Petricca – Desaparecido el 14/9/1976 en La Plata.
– Luis Eduardo Goicoechea – Asesinado el 27/10/1976 en Santa Fe.
– Domingo Roque Alconada Moreira – Desaparecido el 22/12/1976 en La Plata.
– Raúl Martín Alonso – Asesinado el 9/3/1977 tras resistir su secuestro en La Plata.
– Luis Munitis Orione – Desaparecido el 13/5/1977 en Sarandí.
– Salvador Manuel Arestín – Secuestrado el 6/7/1977 en la «Noche de las Corbatas» en Mar del Plata.
– Rodolfo Ernesto Torres – Desaparecido el 5/9/1977 en Turdera.
– Miguel Ángel Milanese Maschurnioj – Asesinado el 29/9/1977 en Berisso.
– José Luis Tagliaferro – Asesinado el 24/10/1977 en un operativo en su domicilio.
– María Isabel Boffi – Desaparecida el 28/1/1978 en Capital Federal.
– Jorge Omar Vázquez – Desaparecido el 29/3/1978, visto en la Base Naval de Mar del Plata.
– María Elena Peter – Desaparecida el 17/11/1978 en Morón.
El modelo instaurado en 1976 no terminó con el retorno de la democracia en 1983. En muchos terrenos lograron imponer cambios regresivos para el país que aún siguen hasta nuestros días y se profundizan. Pero sería debate para otra nota. Acá terminamos.
A 49 años del Golpe Civico Militar hay una certeza. A pesar de los muertos, los desaparecidos, los perseguidos, el movimiento obrero argentino sigue vigente, vital, organizado y peleando día a día defendiendo los derechos de trabajadores y trabajadoras, obstaculizando el avance de las políticas contra el pueblo y soñando la construcción de una horizonte mejor para las mayorías argentinas.
