Reforma Judicial en México
UN PASO HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Jueces y magistrados serán electos por voto popular, se reduce el número de integrantes de la Corte y se crea un nuevo tribunal para sancionar a quien tenga conductas indebidas. En esta nota analizamos los principales aspectos de la reforma judicial mexicana.
Reforma Judicial en México
UN PASO HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Jueces y magistrados serán electos por voto popular, se reduce el número de integrantes de la Corte y se crea un nuevo tribunal para sancionar a quien tenga conductas indebidas. En esta nota analizamos los principales aspectos de la reforma judicial mexicana.
* Redacción Revista digital En Marcha
Las experiencias de reformas de los poderes judiciales en el mundo no son procesos simples. Se expresan en este terreno tensiones, intereses y miradas sobre la génesis misma de los sistemas políticos. México está recorriendo su propia experiencia en este sentido. Desde el mundo y particularmente desde otros rincones de Latinoamérica, quienes bregamos por la construcción de procesos que amplíen los marcos democráticos y generen condiciones institucionales para alcanzar sociedades más justas, lo observamos con interés y con entusiasmo. En esta nota analizamos algunos de los principales aspectos de esta experiencia en este país hermano de nuestro continente.
El Zócalo de Ciudad de México, como antaño, volvió a ser terreno de disputa. Tras meses de zozobra y tironeo, las divergencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial parecen haber terminado. O al menos por ahora.
Es que la reforma judicial puesta en marcha por Andrés Manuel López Obrador (Movimiento de Regeneración Nacional – MORENA) antes de su salida de la presidencia mexicana, y ratificada por la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, sorteó su último escollo, y el 13 de febrero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ordenó que se revoquen todas las suspensiones emitidas por jueces contra la reforma judicial federal, que frenaban el proceso electoral extraordinario previsto para el 1º de junio de este año.
Justamente uno de los puntos más polémicos y resistido con pelos y uñas por la casta judicial en este proceso de reforma que se abrió en México, es la elección de los jueces. En concreto, la reforma propone, entre muchas cosas, sustituir a todos los jueces y magistrados por otros elegidos directamente por los ciudadanos mexicanos.
Para Claudia Sheinbaum, flamante presidenta de México, es un paso hacia la democratización de un Poder Judicial que obstaculizó casi todas las grandes reformas del gobierno de López Obrador, como fue la renacionalización de Petróleos Mexicanos S.A. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, parcialmente privatizadas por la administración anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la reestructuración del Instituto Nacional Electoral.
La reforma judicial impulsada principalmente por MORENA introdujo cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Entre las modificaciones más destacadas se incluyen:
En junio, México enfrentará la primera etapa de un proceso electoral de gran relevancia para su sistema judicial. Aproximadamente 1700 cargos judiciales de nivel federal deberán ser ocupados mediante votación en dos elecciones previstas para este año y 2027.
Esta elección pone en juego importantes puestos como jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, los recientemente creados magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este proceso también se extenderá a los poderes judiciales locales, ya que los 32 Estados que conforman la República elegirán, por voto popular, a sus propios jueces y magistrados.
Por primera vez, los mexicanos tendrán la responsabilidad de optar entre miles de candidatos para los tribunales (El Instituto Nacional Electoral de México publicó una lista con 4224 candidatos a jueces, magistrados y ministros), que abarcarán desde cuestiones de derecho familiar hasta las más complejas especialidades, como lo mercantil o lo relacionado con telecomunicaciones.
Recordemos que la designación de jueces se centraba en un proceso político tradicional en el que el presidente de la República era el encargado de proponer candidatos, quienes luego eran aprobados por el Senado. Sin embargo, la creciente preocupación por la transparencia y la equidad en estos procesos, ha impulsado un gran debate que parió esta reforma cuyo principal objetivo es garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalismo de los jueces.
Más allá del reclamo genuino de la población sobre la necesidad imperiosa de transparentar y agilizar los procesos judiciales, estas elecciones se desarrollarán en un contexto de alta tensión política. Los partidos políticos intentarán influir en la selección de candidatos, promoviendo perfiles que favorezcan sus intereses estratégicos. Según algunas opiniones esta dinámica podría poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial, por lo que los defensores de la reforma judicial insisten en la necesidad de asegurar que los jueces sean seleccionados con criterios de imparcialidad y mérito, más allá de presiones políticas.
En este sentido, México se apresta a enfrentar uno de los mayores desafíos de su historia judicial: equilibrar las necesidades de fortalecer la justicia con la urgencia de preservar la independencia. La política y el derecho deben encontrar un punto de convergencia que permita a los jueces ejercer sus funciones con total libertad y sin interferencias externas.
El 1º de junio de este año será una jornada clave que pondrá a prueba la capacidad de México para avanzar hacia un sistema judicial más justo, transparente y eficiente. El voto popular puede representar un cambio histórico, abriendo la puerta a un sistema judicial más cercano a la gente y más accesible para todos.
Seguiremos de cerca este proceso y auguramos que sea un paso concreto para la apertura de debates similares también en otros países de nuestro continente.
