Acceso a la justicia
JUSTICIA DE PAZ: CERCANÍA, PROBLEMAS SOCIALES Y LIMITACIONES ESTRUCTURALES
El total del personal en esta área del Poder Judicial bonaerense apenas supera el millar, casi el mismo número de agentes policiales que se suelen designar -para “seguridad”- en un día de clásico en el fútbol argentino. Debilidades y fortalezas del sector.
Acceso a la justicia
JUSTICIA DE PAZ: CERCANÍA, PROBLEMAS SOCIALES Y LIMITACIONES ESTRUCTURALES
El total del personal en esta área del Poder Judicial bonaerense apenas supera el millar, casi el mismo número de agentes policiales que se suelen designar -para “seguridad”- en un día de clásico en el fútbol argentino. Debilidades y fortalezas del sector.
* Por Francisco Arias redacción Revista En Marcha y Juliana Ortiz, Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la AJB.
Diseñada desde sus orígenes para dar respuesta directa y cercana a las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, la Justicia de Paz de la provincia de Buenos Aires facilita a la población el abordaje y resolución de conflictos de manera más rápida. En estos juzgados se abordan cuestiones muy diversas que corresponden a conflictos de índole civil y comercial y de familia, como denuncias por violencia familiar y de género, causas de menor cuantía y vecinales, contravenciones y faltas. Es importante considerar que los juzgados de paz ofrecen el beneficio de litigar sin gastos, por lo que garantizan que las personas con menos recursos económicos tengan acceso a la justicia. También recibe oficios y exhortos, amparos, hábeas corpus y puede realizar intervenciones en el marco de la ley n°11.922 vinculadas al proceso penal, ya sea dictando medidas de coerción personal como un arresto o medidas de prueba.
Durante el año 2023, los conflictos vinculados a familia y a violencia familiar representaron el 67% de las causas ingresadas en todos los juzgados de paz de la provincia. Su tratamiento requiere de un conocimiento específico e interdisciplinario que cuente con el aporte de profesionales de otras disciplinas como trabajo social y psicología.
La cantidad de causas que ingresan a los juzgados de paz fue variando a lo largo de los años, con diferencias según el lugar. Un informe realizado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la AJB refleja que, durante el período 2014-2023, las causas ingresadas aumentaron un 12,2% a nivel provincial. Sin embargo, en algunos departamentos judiciales el incremento fue más significativo: en Zárate-Campana el aumento fue del 103,5%, en La Plata 81,6%, en Lomas de Zamora 79,3%, en Morón 45,7%, en San Martín 40,4% y en Mar del Plata 31,3%. Para tener una idea más concreta, en el año 2023, ingresaron 1400 causas en promedio por juzgado a nivel provincial aunque en algunos departamentos judiciales esta cantidad se supera ampliamente: San Martín alcanza las 4458 causas promedio mientras que Zárate-Campana y Lomas de Zamora superan las 3000. A nivel de los juzgados, Malvinas Argentinas recibió 7500 causas, Escobar un poco más de 5500, José C. Paz y San Vicente recibieron más de 4000 y el Partido de La Costa 3947.
Dentro de esas causas están incluidas las de protección contra la violencia familiar que viene creciendo desde el 2010 y el 2022 fue el año con mayor cantidad a lo largo de todo el período. En los últimos 10 años el aumento de causas de este tipo fue de 224% a nivel provincial pero en algunos juzgados como por ejemplo en Esteban Echeverría se multiplicó por seis: en 2014 ingresaron 511 causas por protección contra la violencia familiar y en 2023, fueron 3385 las víctimas de violencia familiar que acudieron al juzgado de paz para pedir protección.
Es importante destacar que en este artículo no están consignados los datos sobre los conflictos registrados en el último año. A partir de la asunción del presidente Javier Milei se aplicaron políticas que generaron la profundización del deterioro de condiciones sociales, que ya eran difíciles, y que se incrementaron exponencialmente.
El trabajo del CIyF también pudo comprobar que los procesos de selección de personal suelen ser muy lentos y extendidos en el tiempo, lo que pone en crisis la relación entre la composición de las plantas en los juzgados y la cantidad de trabajo que ingresa.
Para poder atender esta creciente y compleja demanda de las comunidades es fundamental contar con los recursos necesarios. En enero de 2025, la planta completa de la Justicia de Paz es de aproximadamente 1250 judiciales, quienes deben garantizar el acceso a la justicia a un universo de varios millones de habitantes, diseminados en el vasto territorio bonaerense y con problemáticas muy heterogéneas. Paradójicamente, la cantidad de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en esta ámbito de la Justicia específico se asemeja a la cantidad de efectivos policiales que se suelen afectar a la seguridad, por un solo día, en un partido de clásico en el fútbol argentino.
La falta de personal es uno de los problemas que las y los trabajadores de los juzgados de paz vienen denunciando a través de sus espacios de organización colectiva junto con una situación edilicia deficiente (edificios rotos que ponen en peligro la salud de trabajadores/as y ciudadanos/as, espacios físicos chicos, hacinamiento, mesas de entradas que funcionan en garajes, problemas con el pago del alquiler o con la efectivización de arreglos por parte de los propietarios), el aumento en el ingreso de escritos electrónicos en días y horas inhábiles, la extensión de la jornada de trabajo a fines de semana y más allá del horario, el aumento en la cantidad de causas de protección contra la violencia familiar que se debe atender, problemas con el reintegro de gastos para movilidad que afecta a quienes deben realizar mandamientos y notificaciones e informes periciales en territorio. Además, en algunos juzgados de paz el lugar de jueces y juezas está vacante hace meses o hace años, con todos los inconvenientes y sobrecarga de tareas que acarrea al personal la falta de una autoridad máxima de forma estable en el juzgado.
Adicionalmente, como parte de las recorridas de la Comisión Directiva Provincial y de la Secretaría del Interior, se identificaron problemas en la carrera y juzgados de paz en los cuales se hace necesario designar un equipo técnico específico. La itinerancia de las y los peritos de los juzgados de paz es una característica singular que implica que un/a profesional trabaje en más de un juzgado a la vez y rote según los días de la semana o requerimientos puntuales.
En octubre del 2023, y como resultado de las mesas de trabajo para la mejora y el fortalecimiento de la actividad pericial entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la AJB, se alcanzaron reclamos históricos: el reconocimiento mediante el pago de un adicional por título a profesionales y técnicos que aplican su conocimiento en su trabajo habitual como auxiliares de justicia, el respeto a las incumbencias profesionales de peritos según lo establecido en las leyes de ejercicio profesional de sus disciplinas y el refuerzo de plantas de personal letrado y profesional en los fueros de familia y la justicia de paz.
Al enorme deterioro de las condiciones de trabajo se le suma el crecimiento desmesurado de las causas, lo que acelera el desgaste laboral de las y los trabajadores de esos organismos e impacta directamente en su salud.
Para tener una idea de la magnitud del fenómeno, el ingreso de causas de protección contra la violencia familiar y su impacto en la carga de trabajo, en el período 2010-2023, es contundente: se triplicó el número de procesos judiciales.
En 2023 se recibieron 609 causas por protección contra la violencia familiar en promedio por juzgado de paz. Aunque en los casos de los departamentos judiciales de San Martín, Lomas de Zamora y Zárate-Campana esta cantidad se triplica y más. Algunos juzgados de paz reciben una cantidad muy superior de causas por protección contra la violencia familiar, superando hasta 10 veces el promedio provincial. En algunos casos eso implicaría atender en promedio 28 causas por día en el caso de Malvinas Argentinas, 19 en el de José C. Paz y 14 en Esteban Echeverría.
Otra cuestión a destacar es que hay un aumento del peso relativo de este tipo de causas sobre el total de ingresos en los juzgados de paz, que va del 17% del total de causas iniciadas en 2010 al 44% en 2023. En algunos departamentos judiciales esta proporción es muchísimo más alta: en San Martín es el 88%, en Lomas de Zamora 82% y en Quilmes 68%, lo que reforzaría la necesidad de más juzgados de familia y de garantías en esos lugares.
En el informe también se detalla el aumento de cantidad de causas iniciadas en 2023 por protección contra la violencia familiar en juzgados de paz del interior de la provincia como Saladillo con un aumento del 34%, Daireaux del 26%, Salliqueló y Tapalqué un 20%. Si ampliamos el período analizado a los últimos 5 años, el crecimiento de causas creció un 166% en Coronel Pringles, seguidos por Carlos Tejedor y Chivilcoy con el 96% y el 86% respectivamente. “En un más largo plazo vemos que Esteban Echeverría, Ezeiza y Cañuelas tuvieron un crecimiento que duplica el provincial y que Coronel Brandsen, Exaltación de la Cruz, Navarro y Magdalena también presentaron un aumento por encima de la media”.
El Registro de Violencia Familiar, creado por el Acuerdo 3690 de la Suprema Corte, presenta datos adicionales que nos permiten conocer un poco más sobre el trabajo que implica este tipo de causas y su urgencia. El art. 7 de la Ley n° 12569 sobre violencia familiar establece los tipos de medidas de protección que se pueden adoptar en un plazo de 48 horas recibida la demanda. En 2023 se dictaron 107.588 medidas de protección en los juzgados de paz porque una causa puede requerir la adopción de más de una medida, dependiendo sus características y el nivel de riesgo que se detecte ya que algunas de ellas están asociadas a procesos penales e implican riesgo de vida. Entre las medidas que se adoptan se destacan los ceses de actos de perturbación e intimidación; las prohibiciones de acercamiento o exclusión del hogar y otro tipo de medidas como la asistencia (médica, legal o psicológica) o la custodia o guarda provisoria de hijos/as, entre otras.
El impacto que el trabajo con violencias tiene en la salud de las y los trabajadores viene siendo estudiada, pensada y denunciada desde los espacios de organización colectiva en la AJB ya citados. El desgaste por empatía y el burnout se presentan como síntomas de condiciones de trabajo degradadas y de una estructura que favorece la violencia institucional. Las y los trabajadores presentan síntomas a nivel físico (fatiga, cansancio, problemas para dormir, gastritis, dolores de cabeza), emocional (ansiedad, depresión, impotencia) y del comportamiento (agresividad, pesimismo, adicciones).
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires conformó un Consejo Consultivo de Violencia Familiar y de Género con la función de efectuar un seguimiento de las medidas implementadas y realizar propuestas. Lamentablemente, se encuentra integrado solo por magistrados (dos por cada departamento judicial, designados por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial) y no cuenta con la participación de representantes de las y los trabajadores. Desde su conformación sólo ha tenido dos sesiones, en agosto de 2016 y mayo de 2019 en la que se expresó sobre “el notorio aumento de la litigiosidad en las cuestiones de violencia familiar y de género”, reconociendo algo evidente: “el número de agentes de los organismos resulta insuficiente para brindar un tratamiento personalizado de las denuncias, ello en razón del gran incremento en el número de causas y su impacto en la prestación del servicio de justicia y en las condiciones de trabajo de los agentes”. Los años 2020 y 2021 estuvieron atravesados por la pandemia por COVID-19 y momentos de aislamiento y distanciamiento preventivo que afectaron la vida de toda la población. A pesar de que en algunos fueros la cantidad de causas descendió durante estos años, las causas por violencia familiar en los juzgados de paz se mantuvieron o, inclusive, fueron más altas que en otros años. Como vimos, en el año 2023 se comenzó a incorporar más personal pero todavía resulta insuficiente.
La AJB sigue denunciando que la grave crisis que atraviesan los dispositivos judiciales que atienden los casos de violencia requieren de la adopción de medidas institucionales en el corto, mediano y largo plazo, tareas que según el gremio “deben ser construidas con amplio consenso y en espacios de elaboración colectiva, con la necesaria participación del sindicato representativo de las y los trabajadores de esos organismos”.
Los juzgados de paz son la instancia más cercana de acceso a la justicia para una parte de la población bonaerense. No obstante, este sector específico de la Justicia provincial también enfrenta una serie de problemas que dificultan su funcionamiento adecuado y su capacidad para garantizar un servicio eficaz y accesible para las ciudadanas y ciudadanos. Los mayores problemas son: la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, infraestructura insuficiente, falta de autonomía e independencia, entre otras cuestiones.
En un contexto de retroceso de las políticas estatales y de desfinanciamiento, resulta central fortalecer la unidad entre las comunidades y las y los trabajadores de los juzgados de paz. La identificación de las necesidades, la persistencia de las demandas y la organización colectiva son fundamentales para lograr un mejor sistema de administración de justicia en el futuro.
