Política represiva y luchas sociales
ATRAPADOS EN LIBERTAD
A 10 meses de aplicación del protocolo de seguridad que intenta dar por tierra con el derecho a la protesta, se incrementaron los eventos represivos, las detenciones ilegales, los heridos con armas no letales y las causas judiciales. La disputa por la calle y el derecho a la protesta, una pulseada abierta. Conversamos con especialistas para pensar este difícil contexto y sus peligrosas perspectivas.
Política represiva y luchas sociales
ATRAPADOS EN LIBERTAD
A 10 meses de aplicación del protocolo de seguridad que intenta dar por tierra con el derecho a la protesta, se incrementaron los eventos represivos, las detenciones ilegales, los heridos con armas no letales y las causas judiciales. La disputa por la calle y el derecho a la protesta, una pulseada abierta. Conversamos con especialistas para pensar este difícil contexto y sus peligrosas perspectivas.
Fue un esclavo sensible y chillón
Y fácil para el gatillo
Un cordón policial cada vez más apretado, te pechean, te empujan, te tiran contra la pared. Motos que aparecen zumbando como moscas. Ensordecen, dan vueltas, te cercan. Avanzan, prepotean, golpean, tiran gases. Corridas, dispersión. Mujeres, niños, jubilados, estudiantes, trabajadores, nadie se salva de la saña de las fuerzas de seguridad.
Esta escena se repite una y otra vez en la era Bullrich-Milei. No importa el reclamo, ni su justeza. La respuesta es siempre la misma: represión. Acá nadie se manifiesta, no importan los derechos. Se pisotean. El protocolo por encima de todo, es ley suprema. Estamos cercados, atrapados en libertad.
Con la aplicación del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” (resolución 943/2023 dictada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich) el 14 de diciembre de 2023, cualquier manifestación pública que corte calles, rutas o afecte la circulación, es un delito flagrante. Esto da vía libre a las fuerzas de seguridad para que mediante el uso (siempre desmedido) de su fuerza, repriman, desalojen y detengan manifestantes sin mediar orden judicial. Rapidito.
Desde entonces las acciones represivas contra manifestantes se multiplicaron. Según los datos relevados por el Monitor de respuestas represivas del Instituto de Estudios y Formación IEF de la CTA Autónoma, al 31 de julio de 2024 hubo 101 eventos represivos en 15 provincias que dejaron como saldo 992 heridos y 137 detenidos. Además, hay 149 causas judiciales abiertas a manifestantes y la imposición de 5 multas a organizaciones populares, políticas y sindicales.
Hablando en criollo, este protocolo diseñado a medida de la fantasía autoritaria de Patricia Bullrich y compañía, implica la criminalización de la protesta social y choca contra de derechos y garantías básicas expresadas en la Constitución Nacional y Pactos Internacionales.
“El protocolo considera a prácticamente todas las formas de protesta como delitos flagrantes. Por lo tanto, si bien su aplicación fue discrecional (a veces se aplica, a veces no), ya generó graves consecuencias de represión y criminalización de la protesta en distintos puntos del país, fundamentalmente en la CABA”, explicó Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Aumentó el riesgo de participar en protestas -agregó-, porque hoy la perspectiva de recibir heridas o sufrir una detención arbitraria no es tan remota como antes. La intención fue claramente intimidatoria, y ese objetivo fue cumplido sólo parcialmente. Hay miedo entre ciertos activismos, pero eso no significa que se haya resignado la calle como espacio de lucha”.
Lorena Giorgetti, Secretaria de DD.HH. de la CTA de las y los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, consideró que “es muy importante tener en cuenta nuevos cuidados a la hora de movilizar y sin duda la organización de los trabajadores y las trabajadoras va a poder hacerle frente a este gobierno, y garantizar el derecho a protestar que está en la Constitución y es un derecho que un gobierno no puede negar y más en este contexto de ajuste, de represión y hambre”. Además, aseguró que “el contexto de represión va en aumento, lamentablemente avanzan, quieren limitar el derecho a la protesta y no lo podemos permitir”. “La presencia policial aumenta y también la violencia. Lo hemos vivido, por ejemplo, con las detenciones que hubo en la Ley Bases (N. del A.: manifestación realizada el 12 de junio frente al Congreso de la Nación) con personas que aún siguen con apertura de causas, inhibidos”, destacó. “Es una situación muy compleja cuando el poder político junto al Poder Judicial, vienen en contra de los trabajadores y les arman causas, los reprimen, los quieren llevar detenidos. Todo para generar un contexto de miedo”.
La caza de personas habilitada desde las más altas esferas del poder político, se hace carne en los discursos de funcionarios, militantes libertarios y trolls que navegan redes, y da vía libre a las fuerzas de seguridad para que, con saña, mucha, no solo repriman sino detengan de forma arbitraria a manifestantes, vecinos y a todos aquellos que tengan el infortunio de pasar o vivir por la zona en la que tienen lugar las protestas. ¿Por las dudas, vio?
Esto también tiene su correlato en la Justicia. Manuel Tufró evaluó que “las intervenciones del Poder Judicial en estos meses se caracterizaron por su tibieza tanto en su rol de garante de derechos como en el control del accionar policial”. Y agregó que “las impugnaciones a las medidas represivas del gobierno nacional no fueron atendidas en tiempo y forma, sufrieron dilaciones de todo tipo y aún no han sido debidamente tramitadas”.
“Hubo que esperar a los hechos de represión de junio para que comenzara a moverse, aunque sea de manera limitada, la investigación del uso abusivo de armas menos letales. En el caso de las detenciones arbitrarias, también hubo una lentitud que redundó en la afectación de derechos de muchas personas, que pasaron en algunos casos varios días o incluso semanas detenidas, para luego ser liberadas y en casi todos los casos sobreseídas. Especialmente grave fue el rol del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, destacó el director de Justicia y Seguridad del CELS.
Desde que el gobierno libertario de Javier Milei asumió, hizo gala de su prepotencia y violencia. No sólo discursiva, demonizante de aquellas personas, organizaciones o partidos políticos que se manifiestan y protestan sino que también explícita. El protocolo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es una cristalización de esa violencia y su discurso de orden se lleva puesto unos cuantos derechos. Sin embargo, las calles no están vacías.
“Hoy en día la calle es un ámbito de disputa a partir de las normativas que dictó el ministerio de seguridad y que las organizaciones populares están discutiendo no sólo a través de acciones judiciales sino también ocupándolas, como lo hacen los sectores más dinámicos de la lucha popular”, expresó Marta Vedio, abogada de la APDH La Plata.
“Lo que vemos –destacó- es un surgimiento de numerosas luchas que deberían ir tendiendo a la unificación para, a lo largo del tiempo, poder darle pelea a este gobierno poderoso de los poderosos”.
Las consecuencias del plan de ajuste económico se están empezando a sentir, a ver, a palpar en las calles. El hambre arrasa. No perdona niños, jubilados, trabajadores. Cada vez son más los que caen bajo la línea de pobreza e indigencia. El país para pocos que están diseñando desde el gobierno nacional aumenta las contradicciones, tira de la cuerda.
La calle, siempre la calle fue el lugar de disputa elegido por los argentinos a la hora de defender derechos y conquistas. Nadie quiere morir de hambre. No importan los protocolos, no importa la represión. La pulseada está abierta.
